Por Felipe Jure y José Asenjo
Dentro de la franja de propaganda política de Movimientos sociales por el Apruebo se mencionó (min. 1:48) una frase llamando a votar por la opción “Apruebo” para que “no haya que esperar 30 años por una vivienda digna y sin hacinamiento”.
El equipo de FactChecking.cl investigó esta frase, identificando dos elementos a verificar. En primer lugar, si con la actual Constitución el tiempo de espera para acceder a una solución en materia de vivienda coincide con el mencionado en la frase, treinta años. Y si la nueva Constitución puede modificar dichos plazos.
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) señalaron que las familias que requieren una solución habitacional “deben organizarse previamente” para luego concurrir a cualquier Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Chile “para ser reconocido e ingresar su proyecto de vivienda”. El proceso según datos que manejan en el Minvu toma “en promedio entre cinco y siete años”, no treinta como señala la frase.
Desde el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica indicaron al Equipo de Factchecking.cl que no han realizado estudios “que den cuenta de las características de las familias que están postulando a una vivienda”.
Por su parte, desde el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile (INVI) indicaron que tampoco tenían estadísticas recientes sobre los plazos de entrega de viviendas. «Respecto a la espera que tienen las familias, no hay estudios concretos porque hay un abanico tan grande de modelos de gestión habitacional (que determinan que sea más lento o más rápido) por lo que es muy difícil poder establecerlo», explicó Mónica Bustos, académica del INVI.
Los factores en la espera
Consultada sobre los casos que pueden tardar más, Bustos expresó que hay situaciones en que las familias deben buscar los terrenos en que desean vivir.
“Hay casos en que la solución es rápida porque el terreno cumple con las condiciones, pero en otros casos no. El terreno, a lo mejor, tiene que pasar por una posesión efectiva, por un cambio del plan regulador, por una serie de cuestiones que pueden tardar años. Ahí pueden transformarse en situaciones de carácter singular”, afirmó la académica.
El Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica explicaron que existe una multiplicidad de aristas necesaria para considerar detrás del tiempo “promedio” de espera. Esto debido a la diversidad de grupos socioeconómicos que aspiran a los distintos programas de vivienda, y a las diferencias entre aquellos programas.
«La espera depende del programa. Pero las personas que más esperan por su vivienda, son las más pobres”, expuso Javier Ruiz-Tagle, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica.
“El subsidio DS1, que es para la clase media, se puede demorar entre dos a cuatro años. El promedio de los programas puede ser entre cinco y 10 años, efectivamente. Pero el promedio de la vivienda social, que es la gente a quienes más les cuesta adquirir su vivienda, es entre 10 y 15 años», desarrolló Ruiz-Tagle.
Pese a que las cifras oficiales difieren de la entregada por la propaganda a favor del Apruebo, el Equipo de FactChecking.cl encontró un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que dice que, en la Región Metropolitana para solucionar la demanda total de las familias allegadas de bajos recursos (menos de 200.000 pesos al mes) se necesitan al menos 31 años.
Cabe aclarar que la cifra presentada por la CChC no se refiere al tiempo de espera que una familia allegada de ingresos bajos debe esperar por acceder a un subsidio, sino que al tiempo que le tomaría al Estado eliminar la demanda actual de subsidios de este grupo.
Fuente: Cámara Chilena de la Construcción
Respecto a que la aprobación de la nueva Constitución signifique una disminución en los tiempos de espera, el Equipo de FactChecking.cl consultó con distintos expertos en la materia.
Enrique Navarro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y de la Universidad Finis Terrae explicó que el proyecto de nueva Constitución “sólo asegura el derecho a una vivienda digna, sin aludir a plazos o forma en que ello se materializará, lo que corresponde precisar al legislador”.
Sebastián Zárate, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma, concuerda con Navarro en que establecer los plazos de espera “no es lo que hace una Constitución”.
Según el experto la propuesta de nueva Constitución no establece a la autoridad plazos, ni metas de números de casas. “No establece las formas de satisfacción de ese derecho”, asegura.
Magdalena Ortega, abogada constitucionalista del Centro de Estudios Públicos (CEP), concuerda en que los factores que inciden en los plazos de espera por una solución habitacional, no dependen de la Constitución.
La posible disminución de estos tiempos “dependerá de cómo se desarrollen eventualmente estos derechos, si por medio de judicialización, donde sean los tribunales por medio de la tutela los que estén adjudicando derechos o si es por medio de legislación, es decir, políticas públicas concretas”, diferenció Ortega.
Sebastián Salazar, coordinador del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado explicó al Equipo de FactChecking.cl que la rapidez para acceder a un tipo de vivienda, ya sea a través de tenencia, arriendo o propiedad, no está sujeto al texto constitucional “sino que va a depender del proceso político y de la implementación de legislación, reglamentación y políticas públicas sobre la materia, esto es dependerá de los gobiernos de turno”.
El equipo de FactChecking.cl concluyó que esta afirmación se puso creativ@, ya que los expertos consultados coincidieron en que la demora en entrega de viviendas no deriva ni de la Constitución vigente ni de la nueva. Además, las cifras oficiales, hablan de una demora, pero no de 30 años de espera para la entrega de una solución habitacional, sino de en promedio cinco a siete años según el Minvu.
