Por Daniel Troncci
En una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud (Minsal) el 23 de marzo, el titular de la cartera, Emilio Santelices, dijo: “Nosotros no dejaremos a ninguna mujer de nuestro país en una condición de amenaza de vida de ella o de su feto, sin el debido cuidado”. Al día siguiente respaldó ésta situación con cifras, indicando que “entre 600 y 700 mujeres embarazadas fueron derivadas del servicio público al privado”.
Detectamos que los datos informados correspondían al total de derivaciones obstétricas mensuales a través de la Unidad de Gestión Centralizadas de Camas (UGCC). Según los antecedentes del Minsal, fueron 709 los casos de carácter riesgoso que fueron derivados a establecimientos privados con unidades de neonatología en 2017, otras 619 en 2016, 635 en 2015 y un total de 636 en 2014,
El autor de estos informes es el Ministerio de Salud junto a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la División de Gestión de la Red Asistencial. Además, los datos se encuentran respaldados por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), encargado de organizar toda la base de datos del ministerio.
A principios de mayo, Emilio Santelices fue interpelado en la Cámara de Diputados para explicar las modificaciones al protocolo de objeción de conciencia. Una semana después, Contraloría dictaminó que los cambios fueron derogados; El protocolo solo puede regular aspectos operativos de cómo ejercer la objeción de conciencia y que, jurídicamente, una Institución Pública no puede ser objetora de conciencia, ni tampoco las entidades privadas que tienen convenios con el Minsal.
La presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román, afirma que con la Ley de interrupción voluntaria del embarazo se van a sincerar las cifra: “estadísticamente ahora se puede tabular. Antes se medían las derivaciones por raspado por aborto, pero no se sinceraban su voluntariedad, estaban todas en un mismo ítem”.
Según detalla el Ministerio de Salud, son 53 las instituciones que tienen convenio DFL 36. Solo doce realizan prestaciones ginecobstetricias, de las cuales nueve están capacitadas para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, mientras que otras tres son Centros de Salud Familiar (CESFAM).