Por Nicolás Donoso, Sofía Murtagh
El Proyecto +R, mencionado por el Presidente Sebastián Piñera en la Cuenta Pública 2019, vendría a complementar la inserción y capacitación de aquellos que están privados de libertad. Sin embargo, el proyecto está en una fase piloto.
Según explica el ministerio de Justicia, este plan inició en abril de 2019 con la etapa «Preparación para el trabajo». Y recién a julio, esperan tener a las primeras personas contratadas.
Además, la ONG Leasur acusa que no hay acceso laboral para todos todos los internos. Esto iría en contradicción a lo manifestado en el Decreto 943 del 2011 que garantiza el acceso a capacitación y/o trabajo a toda persona en los establecimientos penitenciarios, en las condiciones que se establecen en el mismo.
El proyecto es todavía un piloto que se sostendría mediante dos líneas de acción:
a) La instalación de unidades productivas al interior de centros penitenciarios.
b) El desarrollo del proyecto en empresas ubicadas fuera de las cárceles.
Según lo que explican en el sitio web del ministerio de Justicia, esta iniciativa pretende beneficiar a 405 hombres privados de libertad para el primer semestre de 2019 y a mil personas más para el segundo semestre.Cien de estas mujeres y 50 jóvenes. Al ser este un proyecto piloto, todavía no existe una claridad respecto a su funcionamiento.
En mayo de 2014 comenzó a regir el Decreto N°943 de 2011 que establece en Chile el “estatuto laboral aplicable al trabajo de personas privadas de libertad en recintos penitenciarios”. Sin embargo, los programas laborales al interior de las cárceles comenzaron en el año 1993 donde existían cerca de 3.800 beneficiados, acorde a lo investigado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.
Para 2016 este número había ascendido a 14.851 personas, según el Compendio Estadístico Penitenciario 2016 de Gendarmería. Además, aseguran que 4.127 internos recibieron capacitación laboral, dando un total de 18.978 personas que se vieron beneficiadas por estos programas. Por ende, los programas laborales de trabajo y capacitación benefician a un 38,5% de los presos pertenecientes al Sistema Cerrado.
Respecto al acceso a la educación, según el informe Política Pública de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2017, son 15.290 de las personas condenadas y privadas de libertad accedieron a la educación formal en sus distintos niveles. Y en el año 2016, la Prueba de Selección Universitaria (PSU) fue rendida por 1.687 reclusos.
Estos son los datos más actualizados disponibles, ya que no se encontraron los de 2018. Al día de hoy, domingo 2 de junio, no era posible acceder a la página web de estadísticas de Gendarmería.
Si consideramos estos números, este es el momento desde 1993 en donde existen más internos trabajando o estudiando. Sin embargo, acorde a informes de la ONG Litigación Estructural para América del Sur (Leasur) no todos los interesados pueden llegar a trabajar, esto por la escasez de la oferta programática y la existencia de requisitos discrecionales. Esto iría en contradicción con lo establecido por el Decreto N°943 de 2011, que establece que toda persona podrá acceder a las prestaciones de actividad penitenciaria.
Además, según Leasur existe un pago sistemáticamente más bajo que el sueldo mínimo, lo que lleva a eludir, por parte de los empleadores, la entrega de beneficios irrenunciables como jubilación, salud o indemnización por accidentes laborales.
El Programa +R que implementó este gobierno está en una etapa de piloto, por lo que no es posible establecer la relación que este proyecto es el responsable de que hoy Chile tenga la mayor cantidad de internos trabajando o estudiando en nuestras cárceles «de toda nuestra historia».