El Gobierno antes de la última Cuenta Pública de Sebastián Piñera

Conflicto en La Araucanía

No se ha concretado el Acuerdo Nacional propuesto por Piñera en La Araucanía

“Durante los próximos días, como Presidente de Chile, voy a convocar a los distintos sectores políticos y a las distintas organizaciones de la sociedad civil relevantes para este propósito, para buscar un acuerdo nacional, que nos permita unir nuestras fuerzas para poder derrotar esta ola de violencia y esta ola de atentados terroristas que tanto daño le ha causado a tanta gente en las regiones del sur y que significa un grave atentado a nuestro estado de derecho, al orden público, a la seguridad ciudadana y a nuestra democracia”. Presidente de La República, Sebastián Piñera.

En febrero de este año el mandatario anunció un acuerdo nacional para terminar con la violencia en la macrozona sur. El Equipo de Factchecking.cl contactó a seis personas vinculadas al conflicto y estableció que la afirmación no es creíble, dado que no se han realizado acciones concretas para su real implementación.

Por Valentina Llompart

En el marco de nuevos incidentes de violencia en la región de La Araucanía, el presidente Sebastián Piñera realizó un punto de prensa el pasado 22 de febrero de este año. Allí, informó que convocaría a distintos sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil para buscar un acuerdo nacional con el fin de encontrar soluciones a estos hechos. 

Las reacciones de los distintos sectores políticos no tardaron en llegar. Dentro de la oposición, imperaba la idea de que era demasiado ambicioso para el Gobierno y las soluciones propuestas serían un fracaso. Específicamente, el Partido Comunista hizo una analogía de este acuerdo con el “Plan Impulso Araucanía”. 

“No busca cambiar las bases bajo las cuales, sucesivas políticas y actuaciones del gobierno de Sebastián Piñera (…). Por el contrario, vuelve a poner el foco en la violencia y el abuso de la ley, buscando profundizar normas que han permitido muertes y agresiones por parte de Carabineros, y que han demostrado su ineficacia para la prevención de cualquier delito o para generar seguridad en la población”, se lee en la declaración pública del PC. 

Por otro lado, el oficialismo llamó al diálogo, al uso legítimo de la fuerza y a la implementación de un Estado de Sitio en la región. Renovación Nacional celebró la iniciativa y se mostró partidaria de activar el Plan en manos de la ministra Karla Rubilar.

Al día siguiente del anuncio del mandatario, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajó a Temuco para encabezar una jornada de coordinación con otras autoridades, policías y las Fuerzas Armadas. Además, el 26 de febrero el Presidente se reunió con representantes de los tres poderes del Estado para dialogar sobre la situación en La Araucanía.

Sin embargo, luego de esta serie de declaraciones y de una exhaustiva revisión de prensa realizada por el Equipo de Factchecking.cl, el acuerdo no fue mencionado nuevamente en la agenda pública. 

Los hechos de violencia en La Araucanía en los meses posteriores continuaron, produciéndose la quema de decenas de camiones, cortes de ruta y tomas de terrenos. En una entrevista realizada por Radio ADN, el coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquízar, declaró que han ocurrido 427 casos de violencia rural durante este año.

A modo de ejemplo, tres funcionarios policiales han muerto en siete meses en la región: Eugenio Nain, Luis Morales y Francisco Benavides. Asimismo, un equipo de prensa del canal TVN fue víctima de un ataque armado en la provincia de Arauco, donde recibieron múltiples impactos de bala y que sigue en proceso de investigación por parte de la Fiscalía.

Las acciones más concretas que se han desarrollado de parte del Gobierno durante este año se relacionan directamente con el apoyo a víctimas. Es así que, el 23 de abril fue anunciada la entrega de 1.400 millones de pesos a personas que hayan resultado afectadas en sus actividades sociales y económicas, en el marco del Programa para Víctimas de Violencia Rural

Con estos antecedentes, el Equipo de Factchecking.cl contactó vía telefónica a tres actores ligados a las comunidades mapuches que han participado de reuniones con el Gobierno, dos asociaciones de los gremios mayormente afectados por los hechos de violencia y una agrupación que se dedica a entregar apoyo a las víctimas de estos acontecimientos en la macrozona sur.

En una resolución de la Cámara de Diputados se detalla que los delitos de usurpación de terrenos entre el primer trimestre del año 2021 y el primer trimestre del 2020 han subido en un 688%. Desde inicios de año hasta el 15 de abril, los atentados incendiarios de maquinarias alcanzan los 69 casos.

José Villagrán, presidente de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones Malleco-Cautín, se refirió a la situación actual de este sector. “El Presidente hace tremendos anuncios y en eso se quedan. A Pablo Urquízar lo mandaron para que pasen estos meses de Gobierno que quedan e irse. No nos pagan los camiones cuando los queman, todo sigue igual que hace 20 años”, argumenta. 

El presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria-Malleco, Sebastián Naveillán, fue consultado igualmente con respecto a la implementación del acuerdo. “No hay ninguna mesa, no hay nada. Lo único que tuvimos en el verano fue una mesa por el Plan Cosecha organizada por el delegado presidencial, Cristián Barra. Cristián se fue, la mesa se cayó y eso fue todo”, dice.  

La visión de las comunidades mapuches también apunta a la falta de soluciones. Héctor Mellado, asesor del lonko Aniceto Norín, cuenta que se han construido distintas mesas de diálogo, pero ninguna se ha traducido en acciones concretas en la actualidad. “Hay muchos diagnósticos, pero no hay una mesa que trabaje a largo plazo. No hay análisis del funcionamiento de la política pública. El tema indígena es un problema multisistémico, donde hay que abordar todo”, dice. 

Jaime Huenchuñir es el presidente de la Confederación Económica Mapuche y en septiembre de 2020 tuvo la oportunidad de participar en una de las últimas instancias de diálogo entre lonkos, machis y otras organizaciones mapuches con los tres poderes del Estado. Ahí, Huenchuñir cuenta que se dio un ambiente de cooperación entre los sectores. Sin embargo, ocurrió un sabotaje de parte de algunos liderazgos del pueblo mapuche que se vieron desplazados de esta reunión. “Era la primera vez desde el Tratado de Tapihue en que el Estado en pleno se sentaba con autoridades ancestrales. Existió voluntad, se presentaron puntos, pero no prosperaron muchas cosas por la poca coordinación. No pasó a ser un acuerdo ni algo similar”, asegura.

Quien también formó parte de esta iniciativa fue Rodrigo Huenchumán, historiador mapuche y coordinador nacional para pueblos originarios del partido oficialista Evópoli. Él afirma que durante el 2021 no se han vuelto a convocar espacios de esa índole con la comunidad mapuche y tampoco se esperan en los próximos meses. “Con una agenda indígena muerta hoy, se cree que los 17 constituyentes indígenas harán la pega que no se ha hecho en 32 años. El único avance que hemos tenido es que en noviembre fue promulgado feriado el Día Nacional de los Pueblos Indígenas”, comenta.

El último intento concreto del Gobierno percibido por el pueblo mapuche fue el realizado por el ex ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien hizo más de 30 viajes a La Araucanía para dialogar con los distintos sectores. “Moreno iba súper bien. Había confianzas y esperanza. Pero con Catrillanca todo se vino abajo y después fue un avión en picada que no ha parado”, expresa Huenchumán. 

El presidente de la Asociación para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía, Francisco Alanís, destaca que una de las falencias ha sido la coordinación dentro del Estado y que los hechos de violencia han ido de mal en peor. Así, dice que estos “se han ido normalizando. A ninguno de los tres poderes del Estado le llama la atención. Aquí debería haber gente pidiendo disculpas, al menos, por no hacer la pega. Estamos en total desamparo”. 

A partir de la información reunida por el Equipo de Factchecking.cl, es posible afirmar que no se ha implementado un acuerdo nacional a través de acciones concretas. Tras el anuncio hecho por el Presidente, a la fecha no han sido gestionadas instancias de diálogo de parte del Gobierno con organizaciones de la sociedad civil relacionadas al conflicto y diversos sectores políticos. 

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