Por Magdalena San Martín
En una entrevista con Iván Valenzuela en Mesa Central, Sebastián Sichel dio a conocer su postura frente a la tramitación del Proyecto Dominga en el que se vio involucrado el Presidente Piñera.
El candidato de Chile Podemos Más sostuvo que no debía seguir avanzando si no resuelven los daños que provoca en el borde costero. Hizo un llamado a las instituciones estatales para que no dejaran que los privados continuaran sus planes si no se resolvía el tema medioambiental.
Sichel argumentó diciendo que los Gobiernos Regionales tienen la facultad de ejercer un control local que puede o no permitir la iniciación de construcciones.
“En Chile tenemos una zona costera que los Gobiernos Regionales tienen la facultad de regular el uso de esa zona costera y hasta ahora solo una región ha establecido la regulación”, expresó refiriéndose a que pueden incidir en la toma de decisiones para concretar este tipo de proyectos aludiendo a que se debería ocupar.
¿Cuánta incidencia tiene el Gore en la regulación de las zonas costeras?
En el documento Competencias del gobernador regional (Gore), publicado por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, se mencionan las facultades que tiene el cargo. Estas incluyen la capacidad de formular políticas de desarrollo de la región en el área de planificación. Sin embargo, no dan información sobre materias de uso de suelos.
Para más detectar implicancias de la Ley que a simple vista no se ven, el Equipo de FactChecking.cl contactó al abogado administrativo Rafael Donetch. Él explicó de manera detallada el proceso por el cual se decide el uso de suelo costero en situaciones que implican impacto medioambiental, como lo es en el caso de Minera Dominga.
Para decidir el uso que se dará a la costa de cada región, existen protocolos específicos que les compete a más instituciones y entidades.
“Respecto a los usos de suelo que involucran daño ambiental, el proceso es aún más largo. El Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el delegado presidencial -representante del Ejecutivo en cada región- deben aprobar la solicitud. Actualmente el Gore no tiene la facultad directa de tomar la decisión final”, explica Donetch.
Los organismos medioambientales mencionados forman parte de la Comisión Regional del Uso del Borde Costero (CRUBC). Estas son entidades vinculadas al Poder Ejecutivo que deciden sobre el uso de los suelos de las costas.
La Fundación Terram es una organización que vela por el resguardo de la naturaleza y el cuidado del entorno. Esta ONG escribió en su artículo “La batalla del borde costero: Exclusión de gobernadores desata una pugna con el Gobierno” que esto ha generado molestias desde los Gobiernos Regionales.
Sostienen que, si la facultad les perteneciera, las medidas no serían tomadas en función de los intereses del gobierno de turno, sino que se velaría por el bienestar de cada región en particular cooperando con la descentralización del país.
Eduardo Pacheco, encargado de las comunicaciones del Gore de la región de Biobío, afirmó que en este momento se está luchando por adquirir la posibilidad de regular las costas y se han enviado numerosas solicitudes desde todas las regiones para lograrlo.
Este es un proceso que lleva en curso desde que los Gore asumieron su cargo en julio de este año.
Por lo tanto, queda en evidencia que la facultad de regular el uso de las zonas costeras no pertenece a los Gobiernos Regionales como sostuvo Sichel en Mesa Central.
Los Lagos la única región con regulación ambiental
Al contactar a través de WhatsApp al coordinador de la campaña de Sebastián Sichel, Pedro Browne, le preguntamos cuál era la región a la que se refirió el candidato como la única que había tomado decisiones sobre el uso de su zona costera y no mencionó en la entrevista. Su respuesta fue la Región de Los Lagos.
La información fue corroborada por el Gore de la décima región.
Como mencionamos más arriba, entendemos que decir que “los gobiernos regionales tienen la facultad de regular el uso de esa zona costera y hasta ahora solo una región ha establecido la regulación” como lo hizo Sichel, no es correcto.
Sin embargo, es cierto que Los Lagos ha tenido la posibilidad de comenzar el proceso de zonificación de sus costas porque, como nos explicaron desde su Gobierno Regional, “ha habido una buena convivencia entre el gobernador regional y el delegado, buena coordinación también”, lo que les ha permitido poder tomar decisiones sobre el tema en cuestión.
¿Qué sucede con el resto de las regiones?
Dado que Sichel dijo que de todos los Gobiernos Regionales de Chile solamente una ha hecho uso de su supuesta facultad de regular su zona costera, Se contactaron vía telefónica, correo electrónico, Instagram, y por los buzones ciudadanos de sus páginas web oficiales a todos de los Gore –menos la RM, ya que no tiene mar– y se les consultó si han iniciado el proceso de zonificación de sus costas en conjunto con la CRUBC y sus delegados presidenciales.
De las 15 regiones que buscábamos respuesta solamente siete le entregaron la información al Equipo de FactChecking.cl. Estas fueron las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Arica y Parinacota, Biobío, Los Ríos y Ñuble.
Con los datos obtenidos no podemos confirmar si es real que todas las demás no han intentado controlar sus zonas costeras desde sus respectivos Gobiernos Regionales, pero sabemos al menos que cerca de la mitad de ellas han intentado iniciar el trámite. Sus integrantes afirmaron que han estado trabajando en iniciar el proceso para coordinar junto a las entidades a cargo y poder incidir en la toma de decisiones.
En el siguiente gráfico se explica visualmente la situación de cada región de Chile con respecto al tema.
Elaboración: Equipo de FactChecking.cl
Lo dicho por Sichel se considera creíble, pero cae en imprecisiones ya que si bien los gobiernos regionales pueden proponer ideas en el proceso de regulación de las zonas costeras, no tienen la facultad directa de influir en ello porque esta tarea le corresponde al delegado presidencial y a la CRUBC. Además, faltó contexto en su frase para comprender cómo funciona en términos legales la ocupación de las costas de cada región. Esta información es fundamental para sostener su argumento.