Por Claudio Cifuentes Lobo y Rodrigo Díaz
El boletín 10.204-07 del Senado publicado el 22 de julio del 2015 detalla el proyecto de ley al que se refirió el candidato independiente respaldado por la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, durante el Debate Presidencial de Anatel. Este propone modificar la Ley Nº 20.393, que: “establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho”. Además, pretende ampliar y definir nuevas penas para quienes incurran en este tipo de vulneraciones. Los crímenes de lavado de activos y de cohecho lo relacionamos con la autoridad corrompida presentada por el candidato.
El proyecto propone la “prohibición temporal o perpetua de adquirir, usar y gozar, a cualquier título, de toda clase de concesiones mineras, marítimas, portuarias, de acuicultura, sanitarias, eléctricas, de gas, de obras públicas, de casinos de juego, de telecomunicaciones, y de toda índole. Esta prohibición consiste en la pérdida del derecho a ser titular de concesiones del Estado para hacer uso de un derecho de explotación de servicios o bienes”. Las actividades mineras, marítimas, de acuicultura y de gas las asociamos a las licitaciones de recursos naturales a las que se refiere Guillier.
Sin embargo, el proyecto no incluye a aquellos que “han destruido sistemáticamente el medio ambiente o han violentado los derechos de los trabajadores”, tal como Guillier afirmó la noche del lunes durante el debate.