Por Daniela Vaccaro
La actuación de los militares en medio de las protestas del estallido social, causó 347 lesiones oculares según los datos del INDH. La Fiscalía Nacional informó que 38 agentes del Estado fueron formalizados por uno o más delitos. Sin embargo, las autoridades del Gobierno han respaldado el actuar de las Fuerzas Armadas, negando la existencia de irregularidades sistemáticas.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, aseguró en una entrevista con Tele13 Radio: «Las FF.AA. no tuvieron casos de violación a los Derechos Humanos y cumplieron rigurosamente los protocolos de reglas del uso de la fuerza”. Mientras que el presidente, Sebastián Piñera, aseveró en una entrevista con el diario El País que una vez decretado el estado de emergencia: “Llamamos a las Fuerzas Armadas y a los jefes de las zonas de emergencia para que se respetara íntegramente el protocolo de uso de la fuerza, que cumple con todos los estándares de derechos humanos a nivel mundial”.
Fuentes expertas en el tema sostienen lo contrario y han puesto en tela de juicio el desempeño de las FF.AA. durante los primeros días del estallido social. El principal organismo encargado de velar por el respeto de los derechos humanos en el país, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), rebatió los dichos del ministro de Defensa argumentando: “Hoy la justicia está investigando las 96 acciones judiciales que involucran a funcionarios de las Fuerzas Armadas, y que fueron presentadas por el INDH en el contexto de la crisis social”. Lo que significa que todavía no hay evidencia jurídica que acredite los dichos del ministro de Defensa.
Número de querellas presentadas por el INDH contra funcionarios de las FF.AA. Publicada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el 18 de febrero de 2020. Fuente: INDH.
La postura del INDH fue respaldada por la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), Lidia Casas, quien fue categórica al señalar: “No hay lugar a dudas de que sí hubo violación a los derechos humanos (DDHH) durante el estallido social. Lo difícil es poder llegar a establecer la responsabilidad individual de ese soldado específico”.
Otros organismos internacionales coincideron en la denuncia de que en Chile sí ocurrieron violaciones a los Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW), la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y Amnistía Internacional.
La última palabra la tiene el poder judicial
Respecto de las diferencias que existen en las cifras reportadas por los organismos, el abogado y profesor de Derecho Internacional y DDHH de la Universidad Católica, Álvaro Paúl, señala que “el valor de tales informes, o si son dignos de fe, depende del modo cómo realizaron el levantamiento de información. Si se basan solo en testimonios, pero no exigen otras pruebas, es difícil darles gran valor, ya que es muy fácil falsear un testimonio. Finalmente, a lo único a lo que uno le puede dar un valor determinante es a lo que digan los tribunales de justicia, pues ellos sí toman y ponderan distintas pruebas”. Por lo tanto, a pesar de que el abogado aconseja revisar la metodología de los informes, coincide con el INDH al señalar que hay que esperar a que haya una verdad jurídica para poder afirmar que se cometieron violaciones a los derechos humanos.
Según datos entregados por la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, el 31 de enero de este año, el número de víctimas que denunciaron violaciones a derechos humanos desde el inicio del estallido social son 5.558, de las cuales 271 denuncias apuntan a funcionarios de las Fuerzas Armadas y cuatro corresponden a homicidios. El equipo de Fact Checking UC revisó el estado de avance en estos últimos cuatro casos correspondientes a homicidios y comprobó que hasta el día 5 de junio de 2020, los casos continúan abiertos. Por ende, la afirmación del ministro de Defensa no es creíble, ya que no cuenta con las sentencias judiciales que la acrediten y solo podrá verificarse cuando el poder judicial cierre todos los casos cuestión.
En un discurso realizado el domingo 17 de noviembre de 2019, el presidente, Sebastián Piñera, reconoció que se cometieron abusos durante el estallido social: “Lamentablemente y a pesar del firme compromiso y de todas las preocupaciones que tomamos para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos”. Lo que contradice su afirmación inicial.
Protocolo de Regla de uso de las fuerzas (RUF)
El INDH afirmó que en Chile “la violación de Derechos Humanos en el contexto de la crisis social, se produjo tanto por la ausencia de protocolos, como por su incumplimiento”. En este sentido indicó que la reglamentación existente “no cumplía con un estándar básico de derechos humanos a nivel internacional”.
La normativa vigente para las tres ramas de las Fuerzas Armadas durante el estallido social corresponde al documento titulado: Regla de uso de la fuerza (RUF), que data de 2012 y lleva la firma del ex ministro de Defensa, Andrés Allamand. En 2019 el documento fue anexado al Plan de gestión del riesgo de desastres del Ministerio de Defensa Nacional 2019. Es importante señalar que las RUF fueron escritas con el propósito de regular el trabajo de las FF.AA. ante futuras catástrofes naturales. El protocolo consta de cuatro reglas: “Nivel de fuerza”, “Uso de armas”, “Autorización para portarlas” y “Autorización para detener, registrar y desarmar”, que son explicadas en tres páginas.
Portada del documento Regla de Uso de las Fuerzas (RUF) 2019. Fuente: Ministerio de Defensa
La investigadora del Centro de Derechos Humanos UDP, Judith Schönsteiner, considera que el protocolo de las FF.AA. “es completamente deficiente, porque no incorpora la lógica de proporcionalidad. En la semana que estuvieron en la calle los militares utilizaron la fuerza y cometieron varios errores letales”.
Prueba de lo anterior, es el homicidio que ocurrió el 20 de octubre en Coquimbo. Amnistía Internacional, lo describe así: “Un militar disparó a Kevin sin mediar palabra y a corta distancia con una escopeta de perdigones, a pesar de que el joven se encontraba desarmado”.
Después de diferentes informes sobre la situación de los derechos humanos en Chile y las denuncias que se han hecho sobre la actuación de las FF.AA. el 22 de febrero de este año entró en vigencia el nuevo protocolo de Reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas en los estados de emergencia constitucional. Todo esto evidencia que el protocolo existente no era suficiente y, por tanto, la afirmación sobre este tema no es creíble.
Estándares internacionales sobre el uso de la fuerza
De acuerdo a la legislación vigente, el Gobierno de Chile tiene la obligación de respetar, proteger y promover los derechos fundamentales. En el artículo 5º de la Constitución están incorporados todos los derechos humanos que emanan de los tratados internacionales a los que Chile ha suscrito y ratificado en numerosas ocasiones.
Pero según voces expertas, esto no se ha cumplido, “lo enunciado en las RUF antiguas (vigentes en octubre del 2019) no corresponde en ninguna medida a los estándares enunciados en estos documentos”, señala la investigadora del Centro de Derechos Humanos UDP, Judith Schönsteiner. En adición, la respuesta del Estado a las manifestaciones no es consistente con los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los encargados de hacer cumplir la ley.
En la misma línea, la ACNUDH concluye en su informe que “en su actuación, Carabineros y el Ejército no han adherido a las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la gestión de las asambleas y el uso de la fuerza”. En definitiva, fue posible verificar que el protocolo de Reglas de uso de la fuerza, no fue respetado íntegramente y que, además, no cumple con los estándares internacionales. Por esto tampoco es creíble la afirmación del presidente.
“La responsabilidad por las actuaciones de las Fuerzas Armadas es directa y estricta. Si un carabinero o un militar comete una violación de Derechos Humanos, la responsabilidad es del Gobierno que tiene el control sobre las Fuerzas Armadas”, explica el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
En opinión de la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Lidia Casas, esto es problemático porque: “Cuando Espina dijo y puso las manos al fuego, es como Hernán Larraín diciendo que Paul Schäfer y Colonia Dignidad no tenían nada que ver con nada. Está cometiendo los mismos errores de siempre, dándole todo tipo de respaldo a las instituciones, sabiendo el clima existente y no respondiendo con la cautela que lo requiere”.