Por Belén Pellegrini y Emilia Larrain
Durante una entrevista, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dio a conocer que durante el año 2019 los desórdenes públicos, saqueos, y el maltrato a obra de Carabineros habían aumentado en comparación al 2018; mientras que, en paralelo, los delitos convencionales habían disminuido. Dicha afirmación no es creíble, debido a problemas evidenciados por expertos.
Primero, al revisar la información que entregó la Fiscalía en su boletín anual, queda en evidencia que las cifras expuestas por el ministro no son exactas y que, en algunos casos, se alejan en mayor o menor medida de las oficiales. Sin embargo, efectivamente hubo una variación significativa entre los años 2018 y 2019.
Número de delitos llevados a audiencia de control de detención: 62 en 2018 y 2.811 en 2019. 
Número de delitos llevados a audiencia de control de detención: 1.598 en 2018 y 3.414 en 2019. La categoría del delito es robo en lugar no habitado.
Número de delitos llevados a audiencia de control de detención: 470 en 2018 y 692 en 2019. Todos los gráficos son de elaboración propia con datos de la Fiscalía y los entregados por el ministro del Interior.
Análisis de las cifras
Es importante analizar en mayor profundidad qué es lo que comprueban estas cifras entregadas por la Fiscalía y por qué sus interpretaciones podrían resultar engañosas. Para comenzar, hay que entender que las tasas de los delitos están influenciadas por la actividad policial y la persecución penal.
Así lo explica Pablo Carvacho, abogado, sociólogo, ex jefe de secretaria de la prevención del delito del Ministerio de Interior, y actual subdirector del Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica.
Carvacho comen:“Si es que el Estado se focaliza en los delitos vinculados a la protesta social, como los daños públicos o el saqueo, lo más probable es que durante esa época también se haya dejado de fiscalizar otros delitos. Es por esto que no se puede hacer una relación entre el alza de delitos por desórdenes públicos con la disminución de delitos convencionales, dado que la disminución no significa que no hayan ocurrido, sino que el Estado no supo de ellos».
Los delitos convencionales son aquellos que hacen referencia al robo, hurto o uso de drogas. No consideran delitos mayores como la corrupción o delitos económicos.
Así mismo, Carvacho hace hincapié en que, generalmente, las personas que cometen uno u otros delitos podrían no coincidir. Esto lo explica cuando dice que “es muy probable que los delitos vinculados a la protesta social sean cometidos por personas que, en mayor medida, jamás cometerían un portonazo”. Por lo tanto: “Los patrones de los delitos no coinciden, y probablemente los perfiles de las personas que están detrás de cada uno no sean necesariamente son los mismos”.
Protestas y populismo punitivo
Si bien los número entregados por el ministro Blumel no son las cifras reales, fue efectivo el aumento en delitos relacionados al orden público vinculados a la revuelta social. Ante esta situación, el gobierno propuso la Ley Antisaqueos, Ley Antibarricadas, y Ley Antiencapuchados, como medidas para reestablecer el orden.
Sin embargo,Pablo Carvacho, afirma: “La protesta es un derecho y el primer deber de un gobierno es permitirla o no restringirla de manera injustificada”. La Ley Antiencapuchados, por ejemplo, genera, según el especialista: “alto riesgo de criminalizar la protesta social”, dado lo dificultoso que es diferenciar entre quien cubre su rostro para cometer un acto delictual y quien lo hace para cubrirse por otras razones vinculadas al contexto de la manifestación.
Carvacho explica que estas leyes entran en lo que se denomina como “leyes de populismo punitivo”, las cuales se entienden como la forma de hacer uso del sistema penal para solucionar problemas sociales. “En general las normas penales o hacer que las penas para ciertos delitos sean más severas no tienen mucho impacto en términos disuasivos, es decir, la gente no deja de cometer los delitos, porque le aumentan la pena o porque emerge una nueva norma o una nueva conducta que sancionar”. Para el experto en investigación de delitos, este tipo de leyes cortas cumplen con ser una acción visible, pero la realidad es que si hablamos de eficiencia “tienen un bajo impacto” en lo político-criminal.