Por Catalina Peña Colodro
El 9 de agosto de 2022, en la emisión del programa de televisión Sin Filtros del canal Vive, Arturo Guerrero, dirigente y vocero de la Vega Central dijo la siguiente frase:
“Primero que nada, el agua a nadie le ha faltado. Chile es uno de los países que tiene más agua potable a nivel mundial (…). Los agricultores queremos seguridad a la hora de sembrar. Porque mañana puede salir este grupito que le pone color sobre la sequedad del agua; y oye no podí (sic) sembrar porque el agua está primero en prioridad A (aludiendo a los chilenos)”.
El Equipo de FactChecking.cl llevó a cabo una revisión bibliográfica y contactó a distintos especialistas en el tema, obteniendo como veredicto que la afirmación dicha por Arturo Guerrero parte de un dato verificable, pero contiene falsedades, por lo que se categoriza como se puso creativ@. Lo anterior, debido a que es correcto afirmar que la propuesta de nueva Constitución sí prioriza, en caso de caducidad, el uso del agua para las personas y ecosistemas sobre la siembra, sin embargo, los datos sobre el estado del agua en Chile y que la propuesta no garantiza seguridad para sembrar son falsos.
Estado del agua en Chile
Lo primero que el Equipo de FactChecking.cl buscó corroborar fueron los datos mencionados al comienzo de la frase sobre el estado del agua en el país, los cuales, según las fuentes y expertos consultados resultaron ser falsos.
Le preguntamos a Arturo Guerrero de dónde obtuvo la información, pero no entregó ningún documento e insistió que solo es cuestión de ver.
“Soy secretario del Comité de Agua Potable Rural las Canteras y te puedo asegurar que Chile es uno de los países que más redes de agua potable tiene a nivel americano, es cosa de ver”, aseguró el dirigente.
Al contrario de lo mencionado por Guerrero, según Alejandra Stehr, ingeniera civil y doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, es incorrecto decir que en Chile “no le ha faltado el agua a nadie”.
“Si bien en las zonas urbanas tenemos prácticamente un 100% de cobertura de agua potable y tratamiento de aguas servidas. Esto no sucede en la zona rural donde muchos sectores tienen que ser abastecidos por camiones aljibe”, explicó.
Del mismo modo, Diego Rivera, investigador principal del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRHIAM-UDD, complementa que a pesar de que en las zonas urbanas la cobertura de agua potable es casi completa, en las zonas rurales sí hay un déficit.
“Chile es uno de los países que tiene mejor cobertura de agua potable urbana. Sin embargo, en términos de agua potable rural ahí es donde sí estamos al debe, ya que, según datos de la fundación Amulen, en un estudio del año 2018, el 47% de la población rural no cuenta con abastecimiento de agua potable”, señaló el experto.
Asimismo, Mariana Cruz, directora de Contenido en ONG CEUS Chile, menciona que la frase de Guerrero tiene una confusión de conceptos y que el agua potable no llega a todas las personas.
“Una cosa es la calidad del agua potabilizada y el saneamiento (acceso a alcantarillado) y lo otro es la disponibilidad o acceso a dicha agua. Chile es uno de los dos países de Latinoamérica donde es totalmente seguro beber agua desde la llave. Sin embargo, la disponibilidad de dicho recurso no es accesible para todos. Así ocurre en zonas de nuestro país como Petorca, Chincolco o El Melón”, dijo Cruz.
Por otra parte, según datos del Plan Sequía del gobierno, Chile lleva 13 años de sequía ininterrumpida que actualmente tiene a 170 comunas del país con decreto de escasez hídrica, por lo tanto, la autoridad debe tomar medidas para salvaguardar el acceso al agua de las personas.
Fuente: Visor territorial – Plan Sequía
Al respecto, la doctora Stehr, comenta que la sequía ha implicado una disminución de las precipitaciones y una disminución de la disponibilidad de agua, por lo que en Chile existe un desequilibrio hídrico.
“Tenemos un desbalance, estamos usando más agua de la disponible, es decir, la demanda es mayor a la oferta. Pero esto también se debe a una inadecuada gestión de los recursos hídricos que se ha visto exacerbado por la sequía”, señaló la experta.
Rivera, por otro lado, menciona que a pesar de que la sequía ha comprometido una disminución de la disponibilidad de agua, hay que considerar las estaciones del año y el lugar para hablar de escasez hídrica.
“La condición de escasez depende del lugar y del momento, en invierno tú no sientes que te falta agua, pero en el verano si, en el norte sientes que te falta agua, pero en el sur no, entonces, depende mucho del lugar del país y del momento del país”, dijo Rivera.
Cruz, igualmente, comenta que Chile es un país vulnerable a la crisis climática y que la priorización del agua garantiza la sobrevivencia.
“Somos un país muy vulnerable a la crisis climática, por lo que nuestra seguridad alimentaria, el acceso a agua potable y saneamiento penden de un hilo hacia los próximos 10 años. No se trata de quitar agua a ‘A’ para darle a ‘B’ se trata de priorizar nuestra propia sobrevivencia y la de nuestros ecosistemas”, explicó Cruz.
Autorizaciones de uso y priorización del agua para las personas
Para verificar la priorización de uso de aguas para las personas respecto a la siembra, mencionado por Guerrero, el Equipo de FactChecking.cl revisó la propuesta de nueva Constitución y conversó con diversos expertos sobre el tema. Al hacerlo, se concluyó que esta afirmación de la frase es verdadera.
Los principales cambios que la propuesta de nueva Constitución hace respecto al agua son, que la consagra como un derecho humano (artículo 57) y que cambia su naturaleza jurídica y pasa de ser un bien privado a un bien común natural inapropiable (artículo 134, inciso N°3), reemplazando los derechos de aprovechamiento de aguas por autorizaciones de uso.
Lo anterior, queda establecido en el artículo 134 inciso 5: “El Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables, conforme a la ley, de manera temporal, sujetas a causales de caducidad, extinción y revocación, con obligaciones específicas de conservación, justificadas en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. Estas autorizaciones, ya sean individuales o colectivas, no generan derechos de propiedad”.
Por lo tanto, las autorizaciones administrativas de uso pueden ser revocadas, en casos excepcionales, por la priorización del agua hacía las personas y los ecosistemas.
Ricardo Frez, abogado y director de la ONG Defensa Ambiental, mencionó que la priorización del uso que también es algo que el Código de Aguas viene incorporando en el último tiempo y que es relevante entender que es necesaria.
“Esa priorización de uso es importante porque al entender que el agua es un derecho humano se establece que el principal uso que tiene que haber es para satisfacer las necesidades humanas, entonces la propuesta dice que el principal uso va a ser siempre el uso para las personas y ese solo hecho ya permite cambiar esa lógica de que en ciertos lugares se priorice el agua para la producción”, explicó Frez.
En esta misma línea, Ximena Insunza, académica e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, comentó que la eliminación de los derechos de aguas y su priorización permitirán un balance en los usos del agua.
“El cambio permitirá hacerse cargo de la necesidad de garantizar el agua para los seres humanos, para los ecosistemas y para las actividades económicas de manera balanceada”, aseguró Insunza.
En contraparte, Jorge Femenías, doctor en Derecho y profesor de Derecho Ambiental y Administrativo en la Pontificia Universidad Católica, argumentó que este cambio perjudica económicamente a los agricultores.
“Al eliminarse los Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA) y la propiedad sobre estos permisos, la autoridad los podrá revocar en cualquier momento, no serán comerciables, cuestión que afecta directamente la actividad agrícola, el acceso al crédito, el valor de la propiedad agrícola, entre otros”, señaló Femenías.
Asimismo, Camila Boettiger, académica de Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo, mencionó que si se aprueba la propuesta de nueva Constitución las personas que tenían previamente derechos de aguas no tendrán seguridad de utilizar sus caudales, debido a que dependerá de cómo la autoridad realice la distribución.
“La norma transitoria 36 mandata que la autoridad reasigne los caudales de las autorizaciones (previos derechos) priorizando esos fines: consumo humano y preservación ecosistémica, y no menciona otros usos, por lo que dependerá de cómo la autoridad administrativa realice esa distribución”, explicó Boettiger.
Seguridad para sembrar
Por otro lado, para verificar la petición de los agricultores de tener seguridad para sembrar dicha por Guerrero, el Equipo de FactChecking.cl realizó una revisión de la propuesta de nueva Constitución para corroborar sí se encontraba o no garantizada en el texto y conversó con diversos expertos en el área. La conclusión es que la propuesta si contempla esta seguridad.
El artículo 54 inciso 1 de la propuesta de nueva Constitución establece que “es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, la distribución y el consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables”.
Jorge Aranda, académico e investigador del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, dijo que esta seguridad se verá incrementada y que ahora tiene un soporte constitucional.
“A mayor abundamiento, está resguardada desde la libertad de emprender del artículo 80, y a partir de la seguridad alimentaria en el artículo 54, a propósito de la promoción de producción de alimentos, desde esos artículos se entiende que las políticas de fomento al riego, por ejemplo, tendrán un soporte constitucional para seguir existiendo”, explicó el experto.
Asimismo, Marcos Emilfork O, abogado ONG Fima, comentó que el artículo 54 garantiza el derecho a sembrar para los agricultores.
“El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, deberá asegurar el derecho a sembrar, para grandes y pequeños agricultores, garantizándose que esta producción sea ecológicamente sustentable. La idea es que las prácticas de la agricultura sean más sustentables, que no dependan de insumos como pesticidas, fertilizantes, etc., cuyos costos han aumentado”, señaló.
Al contrario, Jorge Femenías, mencionó que la propuesta no le entrega seguridad a los agricultores, de hecho les genera incertidumbre.
“No entrega seguridad, al contrario. Introduce una incertidumbre tal que, de aprobarse, tanto los agricultores como los bancos no tendrán la seguridad jurídica mínima y básica para invertir. En este contexto, asumiendo que la disponibilidad de aguas depende de la naturaleza, ahora se agrega la incertidumbre provocada por la desaparición de los DAA, que son reemplazados por las Autorizaciones de Uso”, aseguró Fermenías.
Del mismo modo, Boettiger, comentó que la seguridad no es garantía y dependerá de las decisiones de las autoridades del Consejo de Cuencas.
“La seguridad para acceder al agua necesaria para riego va a depender de la asignación de caudales por la autoridad en las autorizaciones de uso, y también de las decisiones de los Consejos de Cuenca que son los que tendrían la administración de las aguas”, dijo.
Luego de conversar con especialistas y analizar la propuesta de nueva Constitución, el Equipo de FactChecking.cl obtuvo como veredicto que la frase dicha por el dirigente y vocero de la Vega, Arturo Guerrero, se cataloga como se puso creativ@, debido a que la afirmación contiene un hecho verificable, pero es mezclado con falsedades. Según los especialistas consultados, la propuesta de nueva Constitución, sí contempla la priorización del uso del agua para las personas por sobre la siembra. Sin embargo, los datos sobre el estado del agua en Chile y la petición sobre la seguridad de siembra resultaron ser imprecisos, debido a que Chile se encuentra en un estado de escasez hídrica y la seguridad de siembra sí se encuentra garantizada en el artículo 54 del proyecto de nueva Constitución.
