El Banco Central reveló que durante abril de 2020 la actividad económica del país se redujo en un 14,4% en comparación al mismo mes en 2019, según la última cifra del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), como consecuencia del covid-19.  

A dos semanas del primer contagiado de covid-19 en Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció el Plan Económico de Emergencia, diseñado para enfrentar el impacto económico provocado por la pandemia. El 19 de marzo, el Ministerio de Economía publicó que se invertirán US$11.750 millones en el plan que tiene como objetivo proteger los ingresos de los trabajadores y a la pequeña y mediana empresa. El 1 de abril, el presidente firmó la Ley de Protección del Empleo. 

Protección al empleo

Una de las medidas más relevantes que ha tomado el Gobierno para intentar mantener los vínculos laborales entre empresas y trabajadores, ha sido la utilización del Seguro de Cesantía para aliviar la carga económica de los empleadores al mismo tiempo en que se garantiza un ingreso a los empleados. 

Una de estas formas es a través de la Ley de Protección del Empleo, la cual permite la reducción de la jornada laboral hasta en un 50%. Las remuneraciones pagadas por el empleador se reducen, pero el fondo del Seguro de Cesantía es utilizado para prevenir que el ingreso de los trabajadores disminuya a menos del 75% de su sueldo anterior.

El fondo de Cesantía también es utilizado en la Ley de Protección de los Ingresos Laborales, que busca proteger el vínculo laboral para aquellos trabajadores que no pueden ejercer su oficio dado que son afectados por decretos de cuarentena e impedidos de salir de su domicilio. El empleador puede suspender el pago de las remuneraciones, disminuyendo sus costos, y el empleado recibe parte de su ingreso, el que, proviene del ahorro de sus cotizaciones hechas todos los meses a su cuenta individual administrada por la Administradora de Fondos de Cesantía. 

La proporción de sueldo que reciben va decreciendo en relación al número de meses que se utilicen los fondos de la cuenta de ahorro. Los montos van desde un 70% del ingreso previo el primer mes, hasta un 35% al quinto mes, que es el máximo de meses que se pueden utilizar las prestaciones del seguro.

El presidente Sebastián Piñera anunció el 30 de abril pasado, que 60 mil empresas se habían acogido a Ley de Protección del Empleo. La cifra es menor a la informada por la Superintendencia de Pensiones, la cual publicó que 73.363 empresas se han acogido a la ley desde su inicio hasta el 31 de abril. Lo anterior, significó que 394.527 trabajadores fueran beneficiados por la ley. Actualmente, el número de empresas que han ingresado solicitudes para ampararse a la Ley de Protección del Empleo asciende a 96.220, lo que se ha traducido a 591.844 trabajadores acogidos a la medida del Gobierno. 

Durante el anuncio antes mencionado, el Presidente resaltó una “grave” situación del mercado laboral, informando que durante marzo 300.000 mil contratos habían sido finiquitados. Nuevamente, la cifra es menor a la informada por la Dirección del Trabajo, la cual publicó que 341.579 contratos fueron terminados durante el mismo periodo.

La Fundación Emplea es una organización que se dedica a dotar de competencias personales y laborales a personas que están sin trabajo, para luego ayudarlos a ingresar al mundo laboral. Valente Alarcón, director de desarrollo de la fundación, cuenta que:“Nosotros no hemos visto un aumento notable en el número de personas que solicitan ingresar a nuestros programas de empleos desde que comenzó la crisis, pero lo que sí hemos notado es que el perfil de la persona que se acerca a nosotros es distinto” y agrega: “En general, la fundación trabaja con personas con baja experiencia laboral o con lagunas grandes de desempleo, por lo que nos ha llamado la atención el hecho de que esté llegando gente con bastante experiencia laboral previa”. Alarcón piensa que esto podría estar relacionado a despidos recientes generados por la crisis.

Ampliación del plan

A una semana de la promulgación de la Ley de Protección del Empleo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, presentó la segunda parte del Plan Económico de Emergencia, anunciando la inyección de US$5.000 millones adicionales que irían en beneficio de los trabajadores informales, pymes y grandes empresas.

Para mejorar la liquidez de las compañías (el dinero que tienen disponible para cumplir con sus obligaciones financieras) se ampliará el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape). Este instrumento ofrece garantías de hasta US$24.000 millones a los bancos en donde los empresarios están solicitando crédito, facilitando las condiciones y aumentando las posibilidades de acceso a préstamos para las empresas. El proyecto contempla inyectar US$3.000 millones en Fogape, para beneficiar las pequeñas, medianas y grandes empresas con ventas anuales de hasta un millón de UF, es decir, el 99,8% del total existentes en el país. La ampliación de Fogape se mantendrá para las grandes empresas solo hasta el 30 de septiembre.

Informalidad laboral

La segunda parte del plan también contempla la creación de un fondo de US$2.000 millones, para ayudar a trabajadores informales, tal como indicó el presidente Piñera por Instagram. Se trata de hacer llegar beneficios estatales a quienes son empleados dependientes que no cuentan con cotizaciones de salud y previsionales, a emprendedores o empresarios que no han formalizado su negocio en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y a los familiares no remunerados de un hogar. 

El economista del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales UC (CLAPES UC), Juan Bravo, explicó: “Ser trabajador informal tiene varias aristas de precariedad. Pero en el caso de esta pandemia el gran problema es que al ser informal, no estás contabilizado en ningún registro administrativo. Tenemos una idea por una encuesta, que permite dimensionar, pero no tiene identificado a todas las personas que son trabajadores informales. Finalmente, esta ayuda no solo termina llegando a los trabajadores informales sino a otras personas que están en vulnerabilidad”. El Boletín Estadístico de Informalidad Laboral del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) confirmó lo informado por el presidente Piñera en la red social; en el país existen cerca de 2,6 millones de trabajadores informales que serán potencialmente beneficiados por el fondo.

El monto destinado a beneficiar a los empleados informales será obtenido a través de la reducción del gasto fiscal. Según informó el Ministerio de Hacienda, se realizará una reasignación presupuestaria que incluye medidas como recortes de horas extras y viáticos, el congelamiento de nuevas contrataciones excepto en el Ministerio de Salud, recortes en programas no prioritarios (turismo, entre otros), reducción en el gasto de oficinas y ceremonias, la suspensión de compras de vehículos fiscales y la revisión del pago de cuotas a organismos internacionales.

Durante el 8 de abril, día en que se anunció el plan, la cartera de Hacienda no informó cómo se ejecutarán los US$2.000 millones en ayuda de los trabajadores informales, argumentando que el uso exacto del fondo “será flexible, a medida que la situación lo requiera y dependiendo del contexto, otorgando así capacidad al Fisco de responder a las necesidades de acuerdo a la evolución de la crisis sanitaria”, según indica su página web. 

Sin embargo, el pasado 14 de mayo, se promulgó la ley que creó el Ingreso Familiar de Emergencia, iniciativa financiada a través del fondo antes mencionado. Este beneficia al 60% de las familias más vulnerables con trabajadores informales, entregándoles una ayuda económica por hasta tres meses. Luego del paso del proyecto por el Congreso, los beneficiarios se extendieron hasta el 80% de las familias más vulnerables que contengan, al menos, un adulto mayor de 70 años o más con Pensión Básica Solidaria. 

Factchecking.cl se intentó comunicar con el ministerio de Hacienda para obtener más detalles de la ejecución del fondo de US$2.000 millones, sin embargo no se obtuvo respuesta. 

Incertidumbre económica

Los economistas Juan Bravo y Gonzalo Martner coinciden en que la tasa de desocupación del 9% informada por el INE para el trimestre móvil de febrero – abril de 2020, no refleja la cifra real de desempleo que existe en el país. “Para ser clasificado como desocupado [por el INE], debe haber estado buscando trabajo en las últimas cuatro semanas. Como estamos en una pandemia, muchas de las personas que han perdido su empleo, en realidad no están buscando activamente trabajo, pero no es porque no les interesa encontrar uno, sino que saben que las contrataciones están paralizadas en la mayoría de los rubros”, explicó Bravo.

Por lo mismo, el académico de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, afirmó que “si se agrega [al cálculo de la tasa de desocupación] a los que no están buscando empleo, pero están disponibles para trabajar, [la tasa de desocupación] pasa de 9% a 23,8% en el trimestre febrero- abril. Yo soy de los que pienso que esta es la cifra de desempleo real en estos momentos”. 

Sobre el efecto de las políticas económicas del Gobierno, Juan Bravo opinó: “sí han contribuido en permitir mantener los vínculos laborales. Por lo menos, eso a las personas les da un poco más de seguridad, de no estar con la incertidumbre de saber cuándo vas a poder empezar a buscar un empleo y cuando vas a poder conseguir un empleo. Si bien las personas que están en estos pactos de suspensión están viendo una merma en sus ingresos, al menos ,sí se les está garantizando el vínculo laboral”.

Sin embargo, Gonzalo Martner advierte sobre las consecuencias de la disminución del ingreso de los chilenos. “Mi modelo está basado en un derrumbe de la demanda del consumo de los hogares, que está cayendo brutalmente, y por lo tanto, lo más probable es que nos encontremos con una depresión, no una recesión. El 70% de la demanda agregada en Chile proviene del consumo de los hogares”, dice el economista.

Durante la primera semana de junio, el INE publicó el Boletín Estadístico: Índices de Remuneraciones y Costos de la Mano de Obra, en el que informó la baja en el crecimiento de los salarios nominales en el país. Sin embargo, lo más relevante es una disminución del 0,8% en el valor real de las remuneraciones, el que indica una reducción del poder adquisitivo del trabajador remunerado. 

Juan Bravo indicó que las consecuencias económicas dependen de cuánto demora el Estado en controlar la pandemia. “Ahí está la gran incertidumbre, si esto se acaba pronto, es una recesión severa, pero la recuperación puede ser más rápida. Si ya son varios meses más que seguimos así, es una depresión y esto da para rato”, concluyó el economista.