Por Javiera Pizarro H.
En la Cuenta Pública, el Presidente de la República dio a conocer el número de inmigrantes expulsados y sus causas: delitos cometidos en el país y situación irregular. Sin embargo, nunca especificó que se trataba de 2018 y dejó fuera a las más de 500 personas que han sido expulsados este año.
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) corroboró, tras pedir el documento vía transparencia a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que hubo 2.052 personas expulsadas durante el año 2018.
Fuente: PDI.
Al revisar la prensa de la Subsecretaria del Interior del Gobierno, queda en evidencia que los procedimientos de expulsión realizados en 2019 quedan fuera de la afirmación de Piñera. Según la entidad, se registran un total de 579 personas expulsadas de Chile por infringir las normas este año.
El secretario de la Coordinadora de Migrantes en Chile, Rodolfo Noriega, comenta que la información que se compartió en la Cuenta Pública está desactualizada. Además, dice que la decisión de las expulsiones no es del Gobierno, “sino por decisión judicial, ya que en lugar de cumplir condena, ellos fueron liberados a su país. Es un beneficio penitenciario”.
Por su parte, INCAMI, organismo de la Conferencia Episcopal de Chile encargado de promover y coordinar los programas de inserción e integración de migrantes, manifiestó que la afirmación del Presidente está ambigua.
“Lo preocupante es que el Presidente no precisó la cifra y ni de qué tipo de situación se trata. Si personas con ingreso clandestino o personas con la visa vencida, lo que se puede solucionar fácilmente. Si personas que delinquieron en Chile o en su país y si ya cumplieron sentencia. Al hablar de manera general, se ponen a todos en un mismo saco”, afirma Delio Cubides, secretario ejecutivo de INCAMI.
La institución católica también detalla que sobre delitos hay dos casos diferentes. El primero se refiere a la persona que cometió delitos en Chile, cumple sentencia y se dicta la expulsión. El segundo, es la imposibilidad de dictar visa a la persona que fue sentenciada en su país. Ahí la persona puede apelar para revocar la expulsión. “El problema es cuando no se les da esa posibilidad. Pensamos que eso no procede. No se puede llamar delincuentes a todos”, dice Cubides.
Sobre este proceso, Claudia Loman, abogada experta en migración explica que “cuando se notifica la expulsión, la persona tiene veinticuatro horas para recurrir a un recurso de reclamación. La persona también puede imponer un recurso de amparo. Después de este plazo es casi imposible paralizar el proceso”.
José Tomás Vicuña, Director general del SJM, asegura que las causas de las expulsiones no están correctas. “El dato (de las expulsiones) no corresponde porque no todos ellos han cometido delitos en Chile. Un porcentaje cometió delitos en su país y ya cumplió su condena. Además, hay que destacar la diferencia entre órdenes administrativas y judiciales (que cumplen condena menores a 5 años)».
La Subsecretaría del Interior fue contactada para corroborar los datos, pero respondieron que no existe un documento oficial que señale 2.054 expulsiones. Eso sí, especificaron que la cifra fue extraída de un registro interno de las expulsiones elaboradas en base a lo que les informa la PDI y las gobernaciones de cada región, que no está público.