Por María Fernanda Barbagelata, Kimberly Bonilla, María José Sara
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en el marco de una entrevista sobre la reforma migratoria en T13 Noche el 9 de abril de este año, aseguró que para la elaboración del proyecto de ley de 2013 –período anterior del Presidente Piñera– trabajaron “con innumerables grupos de extranjeros y con organizaciones de la sociedad civil”, asegurando que “más de 70 organizaciones participaron”.
Desde su año de ingreso, este proyecto está publicado en la página web de la Cámara de Diputados. Sin embargo, no contiene información sobre las consultas previas que se realizaron para determinar su contenido.
Por este motivo, tras no obtener respuesta del Ministerio de Desarrollo Social, se contactó a las diez organizaciones más grandes –considerando años de experiencia y cantidad de personas asistidas– que trabajan con migrantes a lo largo de Chile para consultarles si habían sido llamadas a participar del proceso.
José Tomás Vicuña, actual presidente del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), aseguró que sí fueron consultados para el proyecto de 2013. “Tuvimos una opinión, le dimos documentos –a Joaquín Barañao, coordinador del proyecto de ley–, y después lo que hubo el 2013 fue que desde el Ministerio del Interior se reunieron con todos los otros ministerios, pero no hubo reuniones durante la elaboración del proyecto con las organizaciones de la sociedad civil”, cuenta Vicuña asegurando que nunca les mostraron el proyecto de ley, sino que solo “insinuaron cosas” y que SJM dio comentarios “respecto a la perspectiva laboral”.
Desde el Movimiento de Acción Migrante (MAM) afirmaron que “no hubo participación alguna” en la elaboración de la propuesta del proyecto del ley, al igual que el Colectivo Sin Fronteras.
La entonces directora del Instituto Nacional de Derechos Humano, Lorena Fríes, aseguró vía mensajería que el INDH no participó, pero que sí presentaron una minuta aprobada por el consejo donde se establecían los estándares que debía cumplir la ley, los aciertos y los déficits en derechos humanos.
“Esa minuta la presenté yo en la Comisión de Gobierno Interior. Además, recién habíamos pasado por el Comité de Derechos Migrantes y le habían hecho varias recomendaciones a Chile que presentamos”, contó Fríes.
Según el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, más de 70 organizaciones participaron para contribuir en la formación del proyecto, cuya tramitación se llevó a cabo en 2014.
A finales de ese año, se realizaron ocho encuentros consultivos con diversas organizaciones e instituciones a lo largo de todo Chile (en Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Santiago y Punta Arenas) en las que destacan agrupaciones de varias nacionalidades (colombianas, argentinas, bolivianas, ecuatorianas, peruanas, uruguayas, dominicanas, españolas, etc.), consulados, organizaciones internacionales y universidades, entre otras. Según el informe BIMID julio/agosto 2016 en ellos se realizaron 45 grupos de trabajo y se recibieron 196 propuestas. (Revisar Página 9)
Todo lo anterior fue registrado en el informe del Departamento de Extranjería y Migración con el nombre de: “Conclusiones Encuentros Consultivos, Nueva Ley de Migraciones”.
La cantidad de organizaciones que formaron parte de estas reuniones sobrepasan las 70 nombradas por el subsecretario, ya que fueron 220 en total (listado completo en la página 48 de este documento).