Por América Palma y Valeska Palomino
El pasado 16 de abril el Presidente Sebastián Piñera anunció el ingreso del proyecto de gratuidad en los Centros de Formación Superior Técnica e Institutos Profesionales para el 70% de los estudiantes de familias más vulnerables. Durante la Cuenta Pública, el mandatario reiteró la medida, mencionándola como una de las demandas recogidas desde la ciudadanía.
Desde el anuncio oficial, el equipo de Factchecking UC confirmó en la página del Senado, que el proyecto fue ingresado el 17 de abril de este año. Actualmente se encuentra en etapa de primer trámite constitucional de la Cámara Alta, con urgencia simple. Además, se consultó con el presidente de Vertebral, Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados, Juan Pablo Guzmán, quien calificó como positiva la medida, aunque aclaró que es restrictiva. “La gratuidad hoy, en el mundo técnico profesional, tiene condiciones que, en la práctica, se traducen a que no todos los alumnos vulnerables tienen acceso al beneficio”, dijo.
Esto debido a que el financiamiento de la gratuidad en los CFT e IP es debido a una extensión de la Ley de Educación Superior, la que tiene dos requisitos restrictivos para optar por el beneficio. El primero, que la institución esté acreditada por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) por cuatro o más años. La segunda, que éstas sean sin fines de lucro. Ambos requerimientos, contó Guzmán, disminuyen el beneficio a los estudiantes. “Esto es particular, porque en el caso de las universidades, son muchas las fundaciones sin fines de lucros, entonces esa condicionante no era restrictiva. En el caso del mundo técnico profesional sí lo es, porque el sector se desarrolla como emprendimiento privado, y muchas de las instituciones que pertenecen a él tienen fines de lucro”, asegura.
Según indican los datos de gratuidad.cl sólo 13 instituciones de la educación técnico-profesional podrán acceder a este beneficio de un total de 91. Por lo tanto, la gratuidad anunciada por Sebastián Piñera consideraría dar el beneficio al 70% más vulnerable en las instituciones que sólo cumplen los requisitos mencionados.